Sentencia Corte Suprema
Santiago, cinco de marzo del año dos mil dos.
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus motivos cuarto a séptimo, que se eliminan;
Y se tiene, en su lugar y además, presente:
1º) Que el artículo único de la Ley Nº 18.971, bajo el título de Establece recurso especial que indica, ha creado el comúnmente denominado recurso de amparo económico, acción que deriva su apelativo del procedimiento aplicable a su tramitación;
2º) Que el inciso primero de dicho artículo prescribe que Cualquier persona podrá denunciar las infracciones al artículo 19, número 21, de la Constitución Política de la República de Chile. El segundo dispone que el actor no necesita tener interés en los hechos denunciados, y el tercero, luego de fijar el plazo en que se debe interponer, de consagrar como formalidad y procedimiento las normas del recurso de amparo y de establecer que su conocimiento corresponde en primera instancia a la Corte de Apelaciones respectiva, preceptúa que Deducida la acción, el tribunal deberá investigar la infracción denunciada y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.
Los dos incisos finales se refieren, el primero, al recurso de apelación, y el último, a la responsabilidad por los perjuicios causados, si se estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda base;
3º) Que, como se advierte de lo transcrito, el recurso o acción de que se trata tiene por finalidad el que un tribunal de justicia compruebe la existencia de la infracción denunciada a la garantía constitucional del número 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, precepto que, en estricto rigor, contiene dos: la primera, consistente en el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, y la segunda, conforme al inciso 2º de esa norma, referida a la circunstancia de que el Estado y sus organismos pueden desarrollar actividades empresariales o participar en ellas, sólo si una ley de quórum calificado lo autoriza, inciso que también dispone que tales actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares;
4º) Que, acorde con lo anteriormente expresado, ha de concluirse que la norma única de la Ley Nº 18.971 se refiere a la constatación de una infracción a cualquiera de los incisos del precepto constitucional al que alude: a la libertad de los particulares de ejercer actividades económicas o a la prohibición de que el Estado desarrolle alguna no autorizada legalmente;
5º) Que, en la especie, el recurso ha sido deducido por la empresa denominada Giganto Chile S.A., denunciando la vulneración de la garantía constitucional del primer inciso del número 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en relación con la garantía del número 12 del mismo precepto, que se habría perpetrado por la I. Municipalidad de Las Condes, al haber expedido la Ordenanza Local para regular el otorgamiento de permisos para la instalación de propaganda o publicidad en propiedad privada, contenida en el Decreto Alcaldicio Nº 86, de fecha 18 de enero del año 2001, cuyo artículo 8º afectaría su prerrogativa para efectuar publicidad dentro de las áreas permitidas de la comuna del mismo nombre, al establecer un requisito que se estima inconstitucional, ilegal y arbitrario, en su letra c), que exige que la propaganda deberá ser afín al giro del local. El recurrente pretende que se deje sin efecto dicha Ordenanza y que se le otorguen los permisos que le permitan hacer publicidad e n los lugares permitidos que haya solicitado o solicite, sin que se le pueda exigir que el giro de los locales, sitios o inmuebles donde exhiba propaganda sean afines a la misma;
6º) Que, además, se denuncia por medio de la presente acción, que se le ha formulado otra exigencia, que califica de ilegal, en orden a que debe obtener, antes de levantar las estructuras que contendrán la propaganda, un permiso de construcción de obra menor. Ello, puesto que, según se consigna en el escrito pertinente, la recurrida ha negado sistemáticamente permisos de propaganda a la empresa recurrente, aduciendo que los locales o sitios no poseen un giro afín al de las citadas propagandas y ha rechazado los permisos de construcción pedidos;
7º) Que para el acogimiento del recurso de que se trata, en los términos de la Ley Nº 18.971 que se han acotado, es necesario que el tribunal investigue y constate la infracción denunciada, lo que en el presente caso, se traduce en averiguar si la negativa a otorgar los permisos requeridos, basada en la referida Ordenanza, ha afectado el derecho a desarrollar la actividad económica de la recurrente, que es lo que se ha invocado, así como si la exigencia que se le formula, de requerir un permiso de construcción de obra menor para levantar una estructura soportante que, en concepto del recurrente, no es construcción, y que no se le ha otorgado, menoscaba dicha actividad;
8º) Que sólo si se comprueba la infracción, el fallo deberá así declararlo;
9º) Que, por otra parte, la recurrente debe acreditar en el proceso que la norma contenida en la letra c) del artículo 8º de la Ordenanza que se impugna, así como la exigencia que se le formula en orden a requerir un permiso de construcción, afectan su libertad a desarrollar su actividad económica, lo que no ha hecho, ni tampoco ha probado que se le haya impedido colocar avisos ajenos al giro del local, puesto que ello constituye una mera afirmación del recurso, que se pretende probar con documentos que no dicen relación con la materia, como lo son las numerosas copias de citaciones al Juzgado de Policía Local, cursadas por mantener estructuras para publicidad sin permiso, que revelan precisamente lo contrario, esto es, que levantó las estructuras respectivas y por ello debe comparecer al tribunal indicado, en donde podrá formular las alegaciones que sean del caso;
10º) Que tampoco se advierte de los antecedentes del proceso que la actuación de la autoridad edilicia ponga freno o impida el desarrollo de la actividad económica de la recurrente, puesto que se ha limitado a establecer regulaciones generales respecto del rubro de que se trata sin afectar el derecho mismo a desarrollarla;
11º) Que, por otra parte, en este procedimiento el tribunal está impedido de efectuar una revisión que tienda a establecer si la autoridad recurrida actuó bien o mal, o si aplicó correcta o erradamente la normativa que regula el quehacer económico de la recurrente, en la especie, la Ordenanza Local y la exigencia de permiso de construcción ya singularizados, sino únicamente, si es efectiva o no la denuncia, en términos tales que la actuación de la autoridad recurrida impida o no la actividad económica por aquélla desarrollada. Si se constatare que ello no ha ocurrido, aunque de la investigación aparezca que la actuación no se conforma a la ley, el tribunal nada puede resolver al respecto, ya que por el presente medio no se revisa la legalidad o la arbitrariedad de un proceder, sino sólo la violación de las garantías plasmadas en alguno de los dos incisos del número 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y nunca de otras de las garantías a que dicho precepto se refiere;
12º) Que, en cuanto a esta última materia y respecto de las características de arbitrariedad o ilegalidad, hay que precisar que ellas constituyen precisamente el matiz que diferencia a la acción de la Ley Nº 18.971 del recurso de protección, ya que por la primera se investiga la perpetración de actos que afecten al desarrollo de cualquiera actividad económica que no tenga los caracteres indicados en el primer inciso del número 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y también se busca establecer la eventualidad de que el Estado ingrese indebidamente al desarrollo de actividades empresariales o participe en ellas, por la evidente ventaja en que se encontraría, debido a la cuantía de los recursos económicos que éste maneja-; en cambio con el recurso de protección, sí debe analizarse la existencia de arbitrariedad o ilegalidad en el actuar del recurrido, que afecte a la misma garantía constitucional, para así disponer medidas que restablezcan el imperio del derecho. De otro modo, el primero de los señalados recursos vendría a constituirse en una mera alternativa legal de la acción cautelar de protección, similar en todo a ésta, que se utilizaría luego de vencido el plazo constitucional - más corto en este último caso- sin que se hubiere ella entablado;
13º) Que, en estas condiciones, y además, al no existir un nexo causal efectivo entre las actuaciones que se reprochan y el presunto resultado perjudicial respecto de la garantía invocada, la gestión intentada según las reglas de la Ley Nº 18.971, no puede prosperar y debe ser desestimada;
De conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo único de la Ley Nº 18.971, se revoca la sentencia apelada, de diez de diciembre último, escrita a fs. 117 y se declara que se rechaza el recurso de amparo económico deducido en lo principal de la presentación de fs.34.
Regístrese y devuélvase.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Espejo.
Rol Nº 129-2002.
30808
Santiago, cinco de marzo del año dos mil dos.
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus motivos cuarto a séptimo, que se eliminan;
Y se tiene, en su lugar y además, presente:
1º) Que el artículo único de la Ley Nº 18.971, bajo el título de Establece recurso especial que indica, ha creado el comúnmente denominado recurso de amparo económico, acción que deriva su apelativo del procedimiento aplicable a su tramitación;
2º) Que el inciso primero de dicho artículo prescribe que Cualquier persona podrá denunciar las infracciones al artículo 19, número 21, de la Constitución Política de la República de Chile. El segundo dispone que el actor no necesita tener interés en los hechos denunciados, y el tercero, luego de fijar el plazo en que se debe interponer, de consagrar como formalidad y procedimiento las normas del recurso de amparo y de establecer que su conocimiento corresponde en primera instancia a la Corte de Apelaciones respectiva, preceptúa que Deducida la acción, el tribunal deberá investigar la infracción denunciada y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo definitivo.
Los dos incisos finales se refieren, el primero, al recurso de apelación, y el último, a la responsabilidad por los perjuicios causados, si se estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda base;
3º) Que, como se advierte de lo transcrito, el recurso o acción de que se trata tiene por finalidad el que un tribunal de justicia compruebe la existencia de la infracción denunciada a la garantía constitucional del número 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, precepto que, en estricto rigor, contiene dos: la primera, consistente en el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, y la segunda, conforme al inciso 2º de esa norma, referida a la circunstancia de que el Estado y sus organismos pueden desarrollar actividades empresariales o participar en ellas, sólo si una ley de quórum calificado lo autoriza, inciso que también dispone que tales actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares;
4º) Que, acorde con lo anteriormente expresado, ha de concluirse que la norma única de la Ley Nº 18.971 se refiere a la constatación de una infracción a cualquiera de los incisos del precepto constitucional al que alude: a la libertad de los particulares de ejercer actividades económicas o a la prohibición de que el Estado desarrolle alguna no autorizada legalmente;
5º) Que, en la especie, el recurso ha sido deducido por la empresa denominada Giganto Chile S.A., denunciando la vulneración de la garantía constitucional del primer inciso del número 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en relación con la garantía del número 12 del mismo precepto, que se habría perpetrado por la I. Municipalidad de Las Condes, al haber expedido la Ordenanza Local para regular el otorgamiento de permisos para la instalación de propaganda o publicidad en propiedad privada, contenida en el Decreto Alcaldicio Nº 86, de fecha 18 de enero del año 2001, cuyo artículo 8º afectaría su prerrogativa para efectuar publicidad dentro de las áreas permitidas de la comuna del mismo nombre, al establecer un requisito que se estima inconstitucional, ilegal y arbitrario, en su letra c), que exige que la propaganda deberá ser afín al giro del local. El recurrente pretende que se deje sin efecto dicha Ordenanza y que se le otorguen los permisos que le permitan hacer publicidad e n los lugares permitidos que haya solicitado o solicite, sin que se le pueda exigir que el giro de los locales, sitios o inmuebles donde exhiba propaganda sean afines a la misma;
6º) Que, además, se denuncia por medio de la presente acción, que se le ha formulado otra exigencia, que califica de ilegal, en orden a que debe obtener, antes de levantar las estructuras que contendrán la propaganda, un permiso de construcción de obra menor. Ello, puesto que, según se consigna en el escrito pertinente, la recurrida ha negado sistemáticamente permisos de propaganda a la empresa recurrente, aduciendo que los locales o sitios no poseen un giro afín al de las citadas propagandas y ha rechazado los permisos de construcción pedidos;
7º) Que para el acogimiento del recurso de que se trata, en los términos de la Ley Nº 18.971 que se han acotado, es necesario que el tribunal investigue y constate la infracción denunciada, lo que en el presente caso, se traduce en averiguar si la negativa a otorgar los permisos requeridos, basada en la referida Ordenanza, ha afectado el derecho a desarrollar la actividad económica de la recurrente, que es lo que se ha invocado, así como si la exigencia que se le formula, de requerir un permiso de construcción de obra menor para levantar una estructura soportante que, en concepto del recurrente, no es construcción, y que no se le ha otorgado, menoscaba dicha actividad;
8º) Que sólo si se comprueba la infracción, el fallo deberá así declararlo;
9º) Que, por otra parte, la recurrente debe acreditar en el proceso que la norma contenida en la letra c) del artículo 8º de la Ordenanza que se impugna, así como la exigencia que se le formula en orden a requerir un permiso de construcción, afectan su libertad a desarrollar su actividad económica, lo que no ha hecho, ni tampoco ha probado que se le haya impedido colocar avisos ajenos al giro del local, puesto que ello constituye una mera afirmación del recurso, que se pretende probar con documentos que no dicen relación con la materia, como lo son las numerosas copias de citaciones al Juzgado de Policía Local, cursadas por mantener estructuras para publicidad sin permiso, que revelan precisamente lo contrario, esto es, que levantó las estructuras respectivas y por ello debe comparecer al tribunal indicado, en donde podrá formular las alegaciones que sean del caso;
10º) Que tampoco se advierte de los antecedentes del proceso que la actuación de la autoridad edilicia ponga freno o impida el desarrollo de la actividad económica de la recurrente, puesto que se ha limitado a establecer regulaciones generales respecto del rubro de que se trata sin afectar el derecho mismo a desarrollarla;
11º) Que, por otra parte, en este procedimiento el tribunal está impedido de efectuar una revisión que tienda a establecer si la autoridad recurrida actuó bien o mal, o si aplicó correcta o erradamente la normativa que regula el quehacer económico de la recurrente, en la especie, la Ordenanza Local y la exigencia de permiso de construcción ya singularizados, sino únicamente, si es efectiva o no la denuncia, en términos tales que la actuación de la autoridad recurrida impida o no la actividad económica por aquélla desarrollada. Si se constatare que ello no ha ocurrido, aunque de la investigación aparezca que la actuación no se conforma a la ley, el tribunal nada puede resolver al respecto, ya que por el presente medio no se revisa la legalidad o la arbitrariedad de un proceder, sino sólo la violación de las garantías plasmadas en alguno de los dos incisos del número 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y nunca de otras de las garantías a que dicho precepto se refiere;
12º) Que, en cuanto a esta última materia y respecto de las características de arbitrariedad o ilegalidad, hay que precisar que ellas constituyen precisamente el matiz que diferencia a la acción de la Ley Nº 18.971 del recurso de protección, ya que por la primera se investiga la perpetración de actos que afecten al desarrollo de cualquiera actividad económica que no tenga los caracteres indicados en el primer inciso del número 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y también se busca establecer la eventualidad de que el Estado ingrese indebidamente al desarrollo de actividades empresariales o participe en ellas, por la evidente ventaja en que se encontraría, debido a la cuantía de los recursos económicos que éste maneja-; en cambio con el recurso de protección, sí debe analizarse la existencia de arbitrariedad o ilegalidad en el actuar del recurrido, que afecte a la misma garantía constitucional, para así disponer medidas que restablezcan el imperio del derecho. De otro modo, el primero de los señalados recursos vendría a constituirse en una mera alternativa legal de la acción cautelar de protección, similar en todo a ésta, que se utilizaría luego de vencido el plazo constitucional - más corto en este último caso- sin que se hubiere ella entablado;
13º) Que, en estas condiciones, y además, al no existir un nexo causal efectivo entre las actuaciones que se reprochan y el presunto resultado perjudicial respecto de la garantía invocada, la gestión intentada según las reglas de la Ley Nº 18.971, no puede prosperar y debe ser desestimada;
De conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo único de la Ley Nº 18.971, se revoca la sentencia apelada, de diez de diciembre último, escrita a fs. 117 y se declara que se rechaza el recurso de amparo económico deducido en lo principal de la presentación de fs.34.
Regístrese y devuélvase.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Espejo.
Rol Nº 129-2002.
30808
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